Durante 2023 fallecieron nueve menores de un año debido a enfermedades respiratorias. El caso de Mía Olivares fue el más controversial. Murió el 6 de junio en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio luego de esperar cuatro días a ser trasladada para recibir la atención médica que necesitaba. A la niña no la mató el virus sincicial, sino una seguidilla de falencias en el sistema de salud: deficiencias en la gestión de camas críticas y fallas en la atención pediátrica de cuadros respiratorios, además de una aparente mala praxis por parte del hospital, según auditorías en el caso.
“Mía viajó por todo Chile estando siempre en San Antonio. Nos dieron distintas versiones, nos decían una cosa y luego salían con otra. Si las cosas se hubieran hecho distintas, nuestra hija estaría con nosotros”. Declaraciones de Nicol García y Nicolás Olivares, padres de Mía, en el texto de la querella que presentaron por el caso de su hija.
Viernes 2 de junio de 2023. Nicol García y Nicolás Olivares notaron que sus hijos Agustín (7 años) y Mía (3 meses), tenían tos y fiebre. Con cuidados en la casa lograron bajar la temperatura a Agustín y alimentar a la niña, pero al día siguiente sus cuadros respiratorios se complicaron y partieron al hospital Claudio Vicuña de San Antonio, donde viven. Él fue dado de alta pronto; Mía quedó hospitalizada porque su tos empeoraba. El domingo 4 de junio, en el turno de la mañana, avisaron a los padres que trasladarían a Mía a junto a otros niños contagiados con virus sincicial a Valparaíso. Una de las madres le contó a Nicol: “A tu hija estuvieron a punto de intubarla”.
A eso de las 13:00 horas, Nicol le pidió a una prima enfermera que visitara a su hija en el hospital. La mujer vio a Mía con los ojos hinchados y se preocupó. Esa hinchazón podría ser consecuencia de la administración de corticoides, le dijo a Nicol. A las 18:40 llegó otra tía de Mía a cuidarla y mientras estuvo con la niña notó que la pequeña tenía dificultades para respirar. Solicitó la atención de una funcionaria de salud tens, quien tomó las pulsaciones de Mía advirtiendo que eran inusualmente altas. Luego, esta funcionaria informó a una enfermera sobre la situación. La niña lloraba, pero finalmente se tranquilizó. La tía les dijo a las funcionarias de salud que Mía se volvía inestable. “Ellas parecían no percatarse de la situación”, señala.
Cerca de las 21:30, Nicol García retomó el cuidado de su hija. En ese momento estaban dos kinesiólogos presentes, y uno de ellos, el practicante, expresó su preocupación acerca de la discrepancia en los datos de saturación que él estaba registrando, según se lee en la querella que presentaron los padres por el caso de su hija. A las 21:50 de ese domingo 4 de junio informaron a los padres desde el Hospital que Mía estaba en lista de espera para ser trasladada. Su estado era crítico.
Una cama para mía
La madrugada de ese día a Nicol le habían informado sobre el traslado de su hija a una cama de UCI y preguntó hacia dónde sería llevada. Le respondieron que a donde fuese posible. Durante la noche Mía se mantuvo estable y sin complicaciones. Nicol salía frecuentemente de la sala REA para consultar a enfermeras, tens y cualquier personal disponible. Sentía que a Mía no lla cuidaban y que sólo estaba ella con su marido en la sala, sin la presencia de médicos para monitorear a la niña. La familia quería trasladarla a una clínica, pero el director del hospital les comunicó que el plan de urgencia estaba activado, pero la situación era difícil debido a la falta de disponibilidad de camas críticas.
La Unidad de Gestión Centralizada de Casos (UGCC), dependiente de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, es la encargada de gestionar los traslados de pacientes que necesitan camas críticas, asegurando la continuidad de su atención médica. Cada hospital y clínica tiene personal específico a cargo de gestionar las camas UCI. Estos pueden ser enfermeros o médicos del recinto asistencial y su rol fundamental es notificar la disponibilidad de camas para pacientes críticos. Así el sistema de la UGCC puede monitorearse desde cualquier parte del territorio nacional.
“Lo primero que hacen es buscar camas críticas en la red pública. Al no encontrar camas en la red pública pasan a buscar camas a la red privada. Por ende, siempre van a tener más derivaciones de la red pública; tienen que saturar sus camas primero antes de ocupar las privadas”, explica Franklin Novoa, gestor de camas. Por ley de transparencia se obtuvo el número de camas críticas para niños (UCI pediátricas) la semana en que enfermó Mía, del 2 al 6 de junio de 2023. El sistema estaba al límite.
Luis Castillo, exsubsecretario de redes asistenciales, señala en relación al caso de Mía: “No se gestionaron dinámicamente los requerimientos existenciales de los pacientes críticos pediátricos. Como tenían la información que les había entregado la UGCC de que no había camas UCI pediátricas, no preguntaron nada más”. Relata las experiencias que le tocó vivir durante la pandemia: “Cuántas veces me dijeron que no había cama acá en Santiago. ‘Espérate un poco’ les decía. ‘Yo iré a mirar’. Ahí se ponían nerviosos y uno mirándolos les preguntaba: ‘¿Por qué este enfermo está aquí? ¿Por qué no puede estar allá? Entonces pedía que trasladaran a enfermos que estaban estables a la unidad intermedia y abrieran esas camas para pacientes más graves’. Eso no existió”.
Luis Castillo también critica a la UGCC: “El sistema funciona muy bien cuando hay disponibilidad de camas para los requerimientos asistenciales que tiene, pero en forma estática cuando los requerimientos sobrepasan la capacidad instalada de camas. Ahí se necesita un gestor dinámico y un coordinador que integre este nivel de complejidad de camas tanto en el sector público como privado. Eso no existió en este caso”.
Mediante una solicitud de Transparencia se intentó conocer cómo funcionaron los traslados de lactantes y niños hasta 2 años antes y después de la muerte de Mía. Fueron entregadas cifras entre el 1 de marzo de 2023 y el 11 de junio (la semana posterior a su fallecimiento). Se entregaron solo totales, por lo que no es posible saber el comportamiento de las derivaciones, pero dentro del periodo que se logra conocer, según las cifras del Minsal, entre el 1 de marzo y el 11 de junio fueron trasladados 149 menores de dos años. De ellos, 43 a centros privados y 106 a centros públicos.
De las cifras, llama la atención que los traslados a centros privados aumentaron notoriamente tras la muerte de Mía y la exposición pública que tuvo su caso. En los tres meses anteriores a su fallecimiento (1 de marzo al 5 de junio), hubo 23 traslados a centros privados, mientras que sólo en los cinco días posteriores a su muerte (hasta el 11 de junio), fueron 20. Además, antes de su fallecimiento la mayor parte de los traslados fue a hospitales regionales (solo dos en RM, uno a Clínica Meds y otro al Hospital Clínico UC); mientras que tras su muerte aumentaron los traslados a reconocidas clínicas en la RM (3 a Clínica Alemana y 5 al Hospital Clínico UC).
La espera de la ambulancia
Mía necesitaba estar internada en una cama UCI. Su situación iba empeorando con el paso de las horas. A eso de las tres de la madrugada del lunes 5 de junio, le notificaron a la familia que la lactante iba a ser trasladada al Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso para seguir con el cuidado intensivo. Sin embargo, ese traslado nunca se realizó.
A las 10:00 de la mañana del lunes 5 de junio llegó una ambulancia del Hospital, pero estaba destinada a recoger a un niño que había sido intubado. Al consultar por qué Mía aún no había sido trasladada, mientras que el otro niño sí, les respondieron: “Así funciona el sistema y no tenemos margen de acción”, ya que ese traslado estaba previamente coordinado. La llegada de la ambulancia estaba planificada para la medianoche del 6 de junio para partir rumbo a Santiago y posteriormente a Arica, pero nunca llegó.
Hoy la familia demanda dos posibles negligencias por parte del Hospital Claudio Vicuña. Primero, que a pesar de los evidentes signos clínicos al ingreso de Mía -taquicardia, taquipnea, fiebre y desaturación (menos del 92%)-, se categorizó erróneamente como C3 en lugar de C2, una clasificación más acorde con su condición de alto riesgo, según se constata en el “Informe análisis de Caso Nº 1/2023 del Comité Central de Auditorías de muertes en niños y niñas”, realizado por el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio. La segunda de las negligencias que demanda la familia tiene relación con el trato e implementos que utilizaron en el hospital con la paciente.
En el mismo informe se señala que “ante la insuficiencia respiratoria aguda, la paciente no fue conectada a Cánula Nasal de Alto Flujo (CNAF) hasta 10 horas después del ingreso, a pesar de las recomendaciones actuales. Durante este tiempo, se utilizó oxígeno por naricera con flujos y concentraciones variables. La paciente continuó inestable durante casi 24 horas con CNAF antes de decidir la intubación y la ventilación mecánica invasiva (VMI), proceso que tomó otras 12 horas”. La familia sostiene que estas demoras podrían contribuir a un manejo inadecuado. Por lo mismo, el martes 21 de noviembre de 2023 presentaron una querella criminal por estas y otras posibles negligencias médicas.
En la querella también expresan la falta de prontitud en la solicitud de una cama crítica pediátrica desde el Hospital Claudio Vicuña a la UGCC MINSAL, realizada el 5 de junio a las 11:23 horas, a pesar de tener indicios de la necesidad desde las 04:00 horas del 4 de junio. Se sugiere que esta demora pudo contribuir a la probable pérdida de un cupo durante el 4 y la primera parte del 5 de junio, a pesar de que el reporte del 5 de junio mostraba dos cupos disponibles en otras instituciones, siendo uno de ellos en la Clínica Las Condes.
En el documento se relata que la situación empeoró mientras se esperaba la cama crítica, resultando en la conexión tardía a ventilación mecánica y, posteriormente, en un shock hipotensivo. También se señala que la paciente fue manejada en un establecimiento que no cumplía con las condiciones óptimas de soporte. La familia argumenta que estas circunstancias, resaltadas por la auditoría, podrían constituir posibles negligencias médicas.
Había camas en Coquimbo y Rancagua
La jefa de urgencia del hospital Claudio Vicuña informó a los padres que Mía sería trasladada a Arica, ya que solo allí había disponibilidad de cama UCI pediátrica. “Minutos después nos informaron que debíamos deben esperar, ya que podría surgir la oportunidad de trasladar a Mía a Viña del Mar en lugar de Arica”, señalan los padres en la querella. Pronto les comunicaron que la opción en Viña del Mar se descartaba y continuarían con Arica. “Después de esto estuvimos esperando, preguntando a qué hora venía la ambulancia, hasta que llegó la noche”, comentan los padres. La familia se empezó a desesperar. “A las 00:00 horas del martes 06 de junio de 2023, supuestamente iba a iniciar el viaje de Mía hacia Arica, que había sido confirmado y coordinado, y no pasó nada. Luego a las 07:00 de la mañana nos dijeron que venía la ambulancia, pero no llegó”, relatan los padres en la querella.
El traslado a Arica no pudo concretarse porque Mía empeoró y porque hubo una demora en solicitar la ambulancia, según señala la familia. ¿Qué sucedió? ¿Por qué hubo demora? Aerotac fue la empresa encargada de realizar el traslado. El abogado Miguel Acuña asegura que uno de los testimonios que lograron rescatar de la empresa es que se dio muy tarde el aviso. “Una ambulancia para traslados específicos es bien difícil de conseguir. El hospital quería innovar con un traslado aéreo con pacientes críticos y sobre todo con una lactante. Era la primera vez que se hacía en el Hospital Claudio Vicuña. Sin embargo, no se pudo porque obviamente la paciente falleció”, señala el abogado Miguel Acuña.
Esta investigación encontró por lo menos dos hallazgos relacionados con la disponibilidad de una cama UCI: una en Rancagua y otra en Coquimbo respectivamente. Si bien se conoce el caso de la Clínica Las Condes, el Hospital Clínico FUSAT de Rancagua también tenía una cama disponible. “Después del fallecimiento de Mía, en el transcurso de la investigación, descubrimos que la Clínica FUSAT también tenía cupo”, comenta Miguel Acuña, abogado de los padres de Mía.
Por otra parte, una fuente anónima que trabaja en el Hospital San Pablo de Coquimbo reveló para este reportaje que tenían camas y nunca llamaron: “Al día siguiente del fallecimiento de Mía nos llegó un niño de Punta Arenas. La verdad es que no nos llamaron y nosotros teníamos cupo. Algo pasó. Ahora no es necesario que te llamen, porque están obligados durante la campaña de invierno a subir los cupos. Yo no sé qué pasó, pero a Coquimbo nunca llamaron”, concluye.
Realidad del Hospital Claudio Vicuña
Tanto Agustín Olivares como Mía Olivares entraron a la urgencia infantil del Hospital de San Antonio. El diagnóstico de Agustín concluyó en un cuadro gripal. “Le dieron medicamentos de adulto, ya que no tenían para niños (…) Cuando monitorearon a Mía, la máquina se puso de color rojo, mi tía preguntó y le dijeron que estaban malas y que esas máquinas eran para adultos. Mi tía, al observar que a la niña se le salía la naricera y le quedaba en la orilla de la nariz, se dio cuenta de que no le funcionaba correctamente, ya que era muy grande para ella”. Declaraciones de Nicol García y Nicolás Olivares en la querella.
La situación que vivió Mía refleja los problemas de infraestructura y recursos del hospital Claudio Vicuña. La falta de camas UCI, tanto para adultos como pediátricas, así como la carencia de equipos y profesionales, se evidencian en la atención que recibió la niña. Esta realidad, según María Eugenia Cavieres, presidenta de la federación Quinta Costa de la AFUSAM, resalta la urgente necesidad de abordar problemas fundamentales en la atención médica, como la escasez de personal y la carencia de equipamiento.
En la querella, la familia señala que se trató a un paciente en estado crítico en un establecimiento que carece de la prestación de UCI pediátrica y que no cuenta con especialistas y profesionales médicos especializados en el manejo de este tipo de pacientes. El Hospital Claudio Vicuña, al igual que la mayoría del país, no estuvo ajeno al aumento de casos de virus respiratorios durante la semana de junio en que falleció Mía. Según el Departamento de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS), en 2023 este hospital tuvo un peak de atenciones en urgencias de niños menores de un año. Todas causadas por problemas respiratorios. El peak fue en la semana 36 (del 30 de agosto al 5 de septiembre).
La culpa no es Mía
“¡Cómo hicieron tan tarde todo!, ¿Por qué hicieron gestiones a último minuto? Jugaron mucho con nuestras expectativas, nos ilusionaban. Mía viajó por todo Chile estando siempre en San Antonio, nos dieron distintas versiones, nos decían una cosa y luego salían con otra. Sii las cosas se hubieran hecho de manera distinta, nuestra hija estaría con nosotros, sobre todo si la hubiésemos podido trasladar antes a cualquier centro de salud público o privado”. Declaraciones de los padres de Mía en la querella penal.
En cierto momento del martes 6 de junio, estando en el pasillo, comenzaron a escucharse gritos. Nicol García escuchó que su hija había tenido un paro cardíaco. También escuchó cuando reprendían a un guardia y a una funcionaria del laboratorio. Cuando todo estaba listo para que Mía fuese trasladada, sufrió no uno ni dos, sino tres paros cardiacos. Finalmente, les dieron la noticia a los padres: la niña había fallecido. En un comunicado del hospital, su director, Enrique Jiménez Mira, manifiesta el compromiso con seguir trabajando para mejorar la atención médica. A su vez, lamenta profundamente la muerte de la lactante. Para los abogados de la familia, Miguel Acuña y Epiro San Martín, en el caso de Mía es importantísimo saber qué reparación busca la familia. En una entrevista, respondieron a la pregunta en cuestión: “Sabemos que cualquier suma de dinero no les va a devolver a la guagüita, pero es uno de los elementos que establece el ordenamiento jurídico”, afirman.
Miguel Acuña agrega que la finalidad de la querella no es el dinero, pero “es una de las condiciones cuando se demanda al Estado, la forma de reparación del daño que impone la Ley”. El monto que se pide ronda entre las 3.000 - 3.500 unidades de fomento. La repercusión del caso del caso de Mía Olivares hizo que la bancada de Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI), principalmente el senador Francisco Chahuan y la diputada Camila Flores, anunciaran un proyecto de Lley que busca garantizar la atención de salud para infantes, ya sea en el sector público o privado, además garantizar camas UCI. El proyecto fue votado el lunes 20 de noviembre de 2023 en el Congreso y fue aprobado en forma general. La propuesta busca que a ninguna familia le vuelva a ocurrir lo que le pasó a la pequeña Mía Olivares.